¿Necesita Argentina un pacto social para enfrentar de un mejor modo esta crisis? 

Buenos Aires, Argentina

17 de febrero de 2009 

Luego del éxito alcanzado en el canje del tramo local de los Préstamos Garantizados, el gobierno argentino lanzará durante la presente semana el canje del tramo internacional de dichos títulos.  

Mediante la operatoria llevada adelante por el gobierno argentino se está intercambiando deuda con vencimiento en el corto plazo por deuda de mayor plazo libre de obligaciones en lo inmediato. De este modo, ante el contexto internacional altamente volátil y hostil para otorgar financiamiento, Argentina mejora la estructura de su deuda evitando enfrentar un programa financiero para el presente año y el que viene, mucho más complicado de cumplir y que podría haberle generado un serio riesgo para la estabilidad de la economía. 

Por primera vez desde la reestructuración de la deuda, Argentina enfrentaba serias dificultades para cerrar su programa financiero. Pero lo que tiene que quedar en claro para el gobierno argentino es que las dificultades que le han comenzado a aparecer a la economía argentina, si bien en parte es producto de lo que está ocurriendo a nivel internacional, en una medida no menor es producto de sus graves equivocaciones en materia de política económica. El gobierno argentino ha seguido una línea de política económica con un dudoso beneficio en lo inmediato pero altamente costosa en el mediano y largo plazo.  

Es así que Argentina enfrentará un año en donde, entre otras adversidades, muy probablemente observe un crecimiento nulo de su Producto Bruto Interno (PBI), en donde si bien la tasa de inflación de desacelerará (aunque estará cercana al 15%), ello no será consecuencia de acciones explícitas del gobierno sino consecuencia del debilitamiento de la economía. El 2009 tampoco será un buen año para los dos pilares del actual modelo económico: el superávit fiscal y externo, los cuales se deteriorarán con fuerza (ya el primer mes del año fue testigo de ello). 

Frente a este duro panorama, surge la necesidad de actuar contundentemente para recomponer los fundamentos macroeconómicos y generar señales claras que generen confianza en el mercado. Pero los errores que sistemáticamente ha cometido el gobierno lo obligan a ir más allá de un cambio en la dirección de la política económica como para lograr credibilidad en sus acciones.  

La experiencia pasada y reciente indica que en Argentina hace falta consenso entre los diferentes grupos de interés. El tan nombrado pacto social que se anunciaba previamente a la asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidente, no alcanzó siquiera a ser una insinuación seria. 

El lograr un pacto social entre los diferentes sectores aparece como un elemento necesario para que la economía argentina pueda superar este contexto adverso sin tener que enfrentar nuevos episodios de crisis. El gobierno se debe mostrar dispuesto a escuchar a todos los sectores pero también comprometerlos con la situación por la que atraviesa la economía.

De este modo, entre los resultados positivos que se podrían alcanzar con este pacto social, el compromiso del gobierno (en caso de que lograra credibilidad) aportaría a la previsibilidad, ayudaría a la estabilidad de las fuentes laborales y limitaría la caída en la inversión privada (mediante el compromiso empresario), al tiempo que también permitiría ponerle un límite a la dinámica inflacionaria (con el compromiso que deberían asumir los sindicatos en materia salarial). 

Si bien los resultados inmediatos que se alcanzarían con el acuerdo entre los diferentes sectores de la economía ayudarían a la Argentina a enfrentar de una mejor manera la situación de crisis, el pacto social debe necesariamente incluir una visión de largo plazo de país, la cual sea respetada por la política económica que no debe tentarse con medidas que brindan una solución parcial e inmediata a los problemas.  

Ahora bien, cuando se habla de una visión de largo plazo se tiene que hablar, entre otras cuestiones, del abordaje del tema inflacionario y de la cuestión fiscal. Argentina necesita implementar políticas más sanas que ayuden a ubicar a la inflación dentro de un rango acorde a una economía que busca desarrollarse y alcanzar un crecimiento sostenido en el largo plazo. 

En materia fiscal, el país deberá eliminar aquellos impuestos distorsivos que producen ineficiencia en la economía. El impuesto al cheque por un lado y las retenciones a las exportaciones por otro, si bien son fuentes vitales de ingresos para el gobierno, también son fuente de distorsiones que perjudican al desarrollo de la economía. 

La cuestión fiscal se tiene que abordar incluyendo a la cuestión de la coparticipación de impuestos. Derivado en parte del deficiente diseño actual de la coparticipación de impuestos, varias de las provincias (con Buenos Aires como uno de los casos más preocupantes), se encuentran atravesando serias dificultades que podría ponerlas en una situación de crisis similar a la que atravesaron en el 2001. En la situación actual, la Ley de Responsabilidad Fiscal de gran valor para evitar la indisciplina fiscal de las provincias, pierde razón de ser en virtud de que la mayoría de ellas están sometidas a un déficit que se podría definir de estructural, lo que la transforma no en una ley a cumplir sino en un enunciado de buenas intenciones. 

Vinculado al extendido conflicto entre el gobierno argentino y el campo, surge la necesidad de que dicho pacto social promueva la inversión y el desarrollo de todos los sectores productivos. El gobierno debe incentivar al sector privado a asumir riesgos con la confianza de que cuando los resultados sean positivos, éstos no les serán quitados mediante nuevas o mayores imposiciones. 

La disciplina fiscal, la estabilidad de precios y reglas claras y estables en el tiempo complementadas por una calidad institucional que ayude a su cumplimiento, son los objetivos que el gobierno argentino deberá perseguir si pretende alcanzar un crecimiento y desarrollo sostenido en el largo plazo. Este año le servirá de lección para aprender que no se puede ir indefinidamente en contra de las leyes naturales que rigen a la economía.